La Agencia Española de Protección de Datos ha declarado ilegal el tratamiento de la información personal que Google realiza desde que modificase la política de privacidad y las condiciones de uso de gran parte de sus servicios en marzo de 2012. Se exige a la compañía que adopte las medidas necesarias para que su política de privacidad y las condiciones de uso de sus servicios pasen a ser compatibles con la normativa española en materia de protección de datos. Esta acción forma parte de la actuación conjunta de las Autoridades de Protección de Datos de Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido después de la pasividad mostrada por Google ante las peticiones anteriores.

La AEPD ha comprobado que la compañía no informa debidamente a los usuarios sobre qué datos se recogen y para qué fines se utilizan, cruzando información de diferentes servicios y conservándola por un tiempo indefinido.

La Agencia asegura que Google llega a recoger datos a través de casi un centenar de servicios ofrecidos en nuestro país, sin proporcionar la información obligada sobre qué datos se recogen, con qué intención y sin un consentimiento legal por parte de los usuarios. Además, en el caso de informarse, se hace de manera poco clara, imprecisa y con expresiones ambiguas y difusas que distraen al usuario de la situación real que se le plantea. Esta falta de información adecuada sobre la finalidad para la que se usarán sus datos hace que no se pueda considerar como válido el consentimiento del propio usuario.

Además, como hemos señalado, Google cruza información extraída de diferentes servicios, pasando por alto la prohibición de usar los datos personales para un fin diferente del que se señala en su recogida. Así, la AEPD concluye que “Google se sirve de una tecnología sofisticada que sobrepasa la capacidad de la mayoría de los usuarios para tomar decisiones conscientes sobre el uso de su información personal”.

Cabe destacar que Google conserva los datos personales extraídos una vez que finaliza el periodo de tiempo en el que son necesarios para la finalidad que ocasionó la recogida. Esto, según la LOPD, es ilegal, ya que, una vez que ha pasado el tiempo señalado para que se haga efectivo el objetivo para el que se cedieron, estos datos deben ser cancelados.

Por último, la AEPD asegura que la compañía dificulta el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Incluso Google reconoce que hay que ejecutar al menos siete procesos diferentes para llevarlo a cabo y que la conclusión del procedimiento pasa por diferentes páginas y links.

La resolución de la AEPD ha dictaminado que existen tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos por parte de la compañía y ha sancionado a Google con 300.000 euros por cada una de ellas, sumando un total de 900.000 euros por las infracciones.

 

Lucía Calviño

Resp. Dpto. Comunicación.

 

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