Los ayuntamientos, como entidades públicas, deben proteger los datos de carácter personal que manejan tanto de las personas que trabajan en él como de los ciudadanos que han puesto a su disposición información propia. Si las empresas deben actuar de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD), los ayuntamientos, por su carácter de servicio público, deben abordar esta responsabilidad con un mayor compromiso aun si cabe.

Los ayuntamientos pueden tener datos personales relacionados con los padrones, tributos, multas, sanidad, tasas, licencias, etc. El propietario de los datos es, en todo caso, la persona a la que pertenecen los datos, mientras que el ayuntamiento se erige como Responsable del Tratamiento. En cualquier caso, los datos más protegidos serán los relacionados con ideología o religión, salud, origen racial e información recogida para fines policiales sin la aprobación del afectado.

Por su parte, según la LOPD, el ayuntamiento tiene que informar al ciudadano de la recogida de datos y el objetivo o fin con el que se ha realizado la misma, así como asegurar la calidad de la información obtenida y su debido tratamiento. La entidad pública debe conocer, igualmente, que el ciudadano tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Asimismo, el titular de los datos podría oponerse al tratamiento de sus datos si no hay una ley que disponga lo contrario. Igualmente, nadie podrá verse obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

En cuanto al tratamiento de los datos personales por cuenta de terceros, si el Ayuntamiento contratase los servicios de una empresa para cualquier tipo de actividad que requiera el acceso a los datos de los ciudadanos como, por ejemplo, labores de recaudación, la empresa contratada pasará a ser el Encargado de Tratamiento de los datos, teniendo que cumplir con las obligaciones que disponga la LOPD.

No prestar atención a la consecución de una óptima adaptación a la LOPD por parte de este tipo de entidades públicas, suele desembocar en infracciones o sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Además de la cuantía económica que esto conllevaría, la consecuencia más negativa de una infracción por incumplimiento de la LOPD es la pérdida de la confianza y el deterioro de la imagen social de una institución pública que se debe al ciudadano.

Por tanto, para conseguir una cobertura completa ante los supuestos presentados en la LOPD, es recomendable que los ayuntamientos conozcan en profundidad la materia, de manera que todos los responsables de recogida y tratamiento de datos personales tengan una visión plena de la responsabilidad que esto conlleva. Para ello, la adaptación de las instituciones públicas a la LOPD debe responder a un programa exhaustivo y profundo que incluya planes formativos continuados y cuente con la implicación de todo el personal. Llevar a cabo este proceso de manera óptima, requiere contar con especialistas del sector de la que nos apoyen con sus conocimientos y experiencia en LOPD.

 

Lucía Calviño

Resp. Dpto. Comunicación.

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