Dos años después de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha sido aprobada la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales; aprobación que será efectuada inmediatamente al no haberse presentado enmiendas.

Con esta normativa se amplía a Internet la exigencia y aplicación de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Por lo que se introducen las siguientes novedades:

  • El Derecho a la Desconexión Digital en el ámbito laboral. Regula el derecho de los trabajadores a no tener que estar, de forma obligatoria, pendientes del móvil o el ordenador una vez finalizada su jornada laboral. Pretende potenciar, sobre todo, el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal.
  • El Derecho a la Educación Digital y Protección de Menores establece en los 14 años la edad mínima a partir de la cual los menores pueden otorgar consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. En relación con el sector educativo, la normativa incluye competencias digitales en el diseño del bloque de asignaturas de libre configuración, garantizando siempre un uso seguro y respetuoso de los medios digitales.
  • El Derecho al Olvido en Internet y RRSS. Los datos personales que hubiese facilitado el interesado para su publicación en redes sociales y sociedad de la información, deben ser suprimidos a su simple solicitud. Extendido este derecho también al olvido en búsquedas de Internet.
  • El Derecho de Acceso a Internet de forma universal, asequible y no discriminatoria. Para el cumplimiento de este derecho de aplican varias medidas: un plan de acceso a Internet, que incorpora un bono social de acceso a Internet para facilitar dicho acceso a los sectores sociales y familiares más desfavorecidos; el derecho a la neutralidad de Internet, los proveedores deben proporcionar ofertas de servicios transparentes sin discriminación técnica ni económica, y por último, el derecho al testamento digital.
  • El Gobierno deberá elaborar y presentar anualmente ante el Congreso un informe anual que informe acerca de la evolución de los mencionados derechos; garantías y mandatos contemplados en la normativa, y las medidas precisas para promover el cumplimiento de los derechos digitales en nuestro país.

 

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