Desde el pasado viernes, accediendo al apartado de “ayuda”, todos los europeos pueden cumplimentar un formulario online para exigir a Google la eliminación de enlaces específicos que dañen su intimidad. El motor de búsqueda ha decidido  facilitar esta opción en cumplimiento de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien determinó, recientemente, que los particulares tienen derecho a que se supriman de las búsquedas los enlaces con páginas que contienen información personal que les afecta, sobre todo, por su antigüedad o inexactitud. El formulario online donde se pide el retiro de enlaces aclara que se considerará borrar únicamente links a datos «inadecuados, no pertinentes, ya no pertinentes o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados».

En nuestro país todos los ciudadanos tienen derecho a saber quién y con qué fin se tratan sus datos personales y a decidir acerca de su uso. Estos derechos se encuentran legitimados y recogidos en la normativa de Protección de Datos como derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos dos últimos son a los que nos referimos cuando hablamos de derecho al olvido o al borrado, esto es, la posibilidad que tiene el ciudadano de bloquear o eliminar información de carácter personal que no se ajusta a la realidad, no está tratada correctamente o se encuentra obsoleta. Se trata de derechos que, llegado el caso, deben enfrentarse a otros fundamentales como son el derecho a la información o la libertad de expresión hasta dar con la resolución más acertada.

Sin embargo, actualmente, nos encontramos con que los motores de búsqueda hacen de Internet una nueva realidad que conlleva acceso y difusión universal. Esta situación se agrava con la existencia de servidores extranjeros que, a pesar de ofrecer sus servicios en nuestro país, no se acogen a nuestras disposiciones legales. Es precisamente aquí donde radica el problema: podemos encontrarnos con información pasada, no confirmada o irreal que aparece en la red, mezclándose con el resto de datos que se asocian a nuestro perfil y no tener opciones legales para enfrentar la situación.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea da solución a este conflicto y sitúa al derecho de cancelación como herramienta válida para que todos los ciudadanos, personalmente, puedan defender su intimidad y controlar el tratamiento de su información privada. Este derecho avala la supresión de los datos personales cuando ya no existe finalidad de uso, resultan inadecuados o excesivos o, en cualquier caso, se solicite justificadamente por el afectado. La solicitud del derecho de cancelación es personal y se deberá ejercer ante la empresa o institución que tenga los datos que se desean suprimir, en este caso, Google. El responsable del fichero deberá dar respuesta a la petición en un plazo máximo de diez días, tras el cual, el afectado podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La AEPD ha valorado positivamente la creación del formulario del motor de búsqueda: “Nos congratulamos de que finalmente Google cumpla con lo que le venimos exigiendo desde hace varios años y ponga a disposición de los ciudadanos una herramienta para comunicar y resolver las eventuales lesiones de sus derechos causadas por el buscador al difundir información personal sin ninguna relevancia ni interés público”.

 

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