El derecho a la información en la recogida de datos de carácter personal es uno de los ejes reguladores de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En el mismo, se establecen parámetros fundamentales que garantizan el respeto a la intimidad y la privacidad de los ciudadanos. Así, el usuario en cuestión tiene derecho a saber quién recoge sus datos, con qué fin, quiénes van a tratarlos, qué derechos tiene y dónde puede acudir para reclamarlos.

El responsable del tratamiento del fichero debe informar de manera expresa, precisa e inequívoca a la persona que cede sus datos. En primer lugar, tendrá que comunicarle la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, la finalidad de la recogida de éstos y la presencia de destinatarios de la información. Además, se le informará del carácter obligatorio de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas y de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, así como de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por último, es fundamental proporcionarle la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante si se desea cumplir con el derecho a la información.

Si los datos son recabados a través de cuestionarios o formatos similares, las especificaciones anteriormente expuestas deberán presentarse igualmente. Sólo si parte de esta información -carácter obligatorio de las respuestas, consecuencias y derechos del usuario- puede deducirse de la naturaleza de los datos solicitados o del contexto general, podrá omitirse sin dejar de respetar el derecho a la información.

Por otra parte, si los datos no son tomados directamente del titular, éste deberá ser debidamente informado en el transcurso de los tres meses siguientes de las especificaciones generales, así como de la procedencia de su información personal. Esto no será necesario en los siguientes supuestos: cuando expresamente una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando llevar la información hasta el interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.

Por último, si los datos personales proceden de fuentes accesibles al público y se destinan a la actividad de publicidad o prospección comercial, el derecho a la información obliga al responsable del fichero a indicar al interesado su propia identidad, el origen de los datos y los derechos que le asisten en cada comunicación.

El responsable del tratamiento de los datos debe tener en cuenta que puede enfrentarse a infracciones que se elevan hasta los 300.000 euros si se tratan datos de carácter personal sin haber obtenido el consentimiento previo o hasta los 600.000 euros en el caso de recoger datos personales de forma fraudulenta o engañosa.

 

Lucía Calviño

Responsable Dpto. Comunicación

 

 

 

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